Jorge Fernández González, esposo de la española María del Pilar Garrido Santamans, cuyo caso derivó en una condena por feminicidio en julio del 2017, que posteriormente fue revocada, podría emprender acciones legales contra el Estado mexicano, luego de que una nueva valoración judicial determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía eran insuficientes para sostener la responsabilidad penal que se le atribuyó.
¿Qué declaró la magistrada sobre el caso?
La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, reconoció que las personas que consideran haber sido acusadas por un delito que no cometieron pueden ejercer los derechos que les correspondan, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la defensa del hombre absuelto demande al Estado por el proceso que enfrentó, tras permanecer nueve años en prisión.
"Es un derecho que tienen las personas que han sido acusadas por un delito que no cometieron", declaró al referirse a las acciones que podría emprender el hombre tras obtener una sentencia absolutoria.
Detalles de la resolución judicial
Lo anterior luego que la noche de este miércoles la Sala Colegiada Penal del Poder Judicial de Tamaulipas emitió una nueva resolución, luego de que un Tribunal Federal ordenó revisar nuevamente los elementos y argumentos presentados por la Fiscalía del Estado para sustentar la condena por feminicidio relacionada con hechos ocurridos en 2017.
De acuerdo con Contreras López, el análisis del material probatorio llevó a determinar que no existían elementos suficientes para mantener la sentencia condenatoria, por lo que se ordenó la libertad del acusado.
"La resolución de la sala determina que es insuficiente el material probatorio que aportó en su momento la Fiscalía", explicó.
Jorge se encontraba recluido en el Cedes de Ciudad Victoria desde agosto del 2017 al ser el principal sospechoso de la desaparición de su esposa; los restos óseos de Maria del Pilar fueron encontrados en una brecha en la carretera Victoria-Soto la Marina, y aunque el esposo se declaró inocente y señaló a dos personas como responsables en la desaparición y homicidio, no lo pudo comprobar.
La magistrada precisó que la nueva determinación derivó de los recursos promovidos por la defensa, que finalmente llevaron el asunto ante una instancia federal.
A partir de esa intervención, la Sala Colegiada Penal tuvo que realizar otra valoración de las pruebas bajo los parámetros establecidos por el Tribunal.
Responsabilidades del Estado y la Fiscalía
Contreras López señaló que el Estado puede tener responsabilidades derivadas del actuar de sus instituciones, aunque aclaró que también pueden existir responsabilidades individuales cuando se acredita que una persona actuó indebidamente.
"Siempre será responsable del actuar de sus instituciones, pero también las personas en lo particular que en su momento actuaron de manera indebida tienen una responsabilidad", sostuvo.
Con ello, se puede revisar la actuación por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial en el 2017 y contra personas que eventualmente pudieran haber incurrido en conductas indebidas durante el proceso.
Sin embargo, la magistrada no confirmó que exista una demanda formal hasta el momento, pero la defensa y la víctima pueden emprender acciones legales según los fundamentos que pueda hacer valer ante las instancias correspondientes.
La magistrada reconoció que la familia de María del Pilar sigue exigiendo justicia, por lo que subrayó que la revisión de los derechos del acusado no implica desconocer el daño ni las demandas de sus familiares.
"En este caso particular, desde luego, no desconocemos que hay una víctima, no desconocemos que hay familia que exige que se haga justicia".
La funcionaria sostuvo que se deben garantizar los derechos de todas las personas involucradas en el proceso, pero también deben actuar conforme a las pruebas que puedan sostener legalmente una resolución.
"Y por supuesto estamos nosotros siempre a favor de los derechos de las víctimas".
En ese contexto, la absolución no cierra necesariamente todas las posibilidades de investigación sobre los hechos y Contreras López señaló que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas determinar si existen elementos para investigar a otras personas o formular nuevas imputaciones.
