Los posibles actos de corrupción en que habrían incurrido altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo su presidenta Guadalupe Taddei Zavala, urgen a una revisión concienzuda de las conductas que han sido denunciadas por la prensa nacional, incluyendo destacadamente las páginas de EL UNIVERSAL.

La danza de contratos a personas vinculadas con integrantes del Instituto se registra en diversos niveles, incluyendo las áreas de Comunicación Social, Informática y Recursos Financieros, por mencionar algunas, en lo que apunta para convertirse en un entramado difícil de explicar, a menos que se relacione con actos de corrupción.

Si en cualquier institución de gobierno la sospecha de actuaciones alejadas de la norma o de plano ilegales resultaría reprobable y sancionable, en una institución como el INE de plano es inadmisible, pues por la naturaleza de sus funciones debiera ser ejemplo de probidad y buen juicio.

Tan sólo hagamos un ejercicio de sencillo intercambio de nombres, de identidades: imaginemos qué habría hecho el hoy oficialismo si una circunstancia igual o semejante hubiera ocurrido en los tiempos en que el mismo Instituto estuvo bajo la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello.

Precisamente durante la gestión del Doctor Córdova, Morena en el papel de oposición, cuestionó cada actuación del Instituto para exigir un trato de iguales, y para reclamar los actos que consideró no apostaban a la democracia.

Un acto de corrupción con los fondos destinados a organizar las elecciones es por sí mismo un atentado contra la democracia mexicana. Por eso ante la sospecha, es necesario aclarar las dudas para borrar la ominosa sombra que amenaza con cubrir la institución y los actos que de ella surjan.

No podemos esperar nada menos del INE, y de entrada en aras de una prudencia institucional, la presidencia y principales implicados del INE, es decir, los nombrados en presuntos actos de corrupción, incluyendo la presidenta Taddei Zavala, deben voluntariamente separarse de sus cargos para que se realice una investigación imparcial. Sólo de esa forma se apartará de la institución cualquier atisbo de duda sobre la probidad de sus actos, por el bien de la democracia.

Modalidad 40

El cambio que ha impuesto el gobierno federal al sistema de pensiones bajo la Modalidad 40 ha sido calificado por legisladores de oposición como un albazo, e incluso voces identificadas con el oficialismo han opinado que por lo menos lo decidido por el Instituto no excluye la posibilidad de cambios legislativos.

En efecto, toda modificación legal, por definición, debe pasar por el tamiz del Congreso, y más aún en el caso de disposiciones que afectan al futuro laboral y a la seguridad de un retiro digno de millones de personas trabajadoras.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que los cambios sobre la Modalidad 40 son para prevenir actos de corrupción. Con mucha más razón, hace falta transparencia y un proceso legislativo completo, a la vista de la opinión pública nacional. No basta con un decreto del Ejecutivo.  

*Coordinadora diputados MC